Al fin se ha consumado la noticia: La Cámara de Diputados ha aprobado hoy, con la abrumadora mayoría del partido de gobierno, la reforma de la Ley de la Indústria Eléctrica en México. El debate sobre esta cuestión ha sido largo y parte, ya desde 2014 con la reforma energética aprobada por el entonces presidente Peña Nieto. Desde ese entonces ya el actual presidente López Obrador ha mostrado su oposición frontal a esa reforma y, todo hay que decirlo, en su programa electoral ya indicaba la necesidad de una reforma total de esta cuestión.
Sin entrar en detalle sobre la reforma, que no conozco a fondo, me gustaría poner el foco en un aspecto que me parece crucial en este debate. La reforma aprobada hoy se basa en el principio de soberanía energética, es decir, la firme creencia de que un país debe ser plenamente autónomo para garantizar el suministro de energía eléctrica a sus habitantes. Un principio, como el de la soberania alimentaria, que es loable y que va en la línea de reducir los costos ambientales -y económicos- de la producción eléctrica. En este sentido, el cambio aprobado en las prioridades a la hora de subir la electricidad a la red. Antes, la subían primero las centrales cuyos costos de producción de energía eran menores - es decir, las renovables-; Ahora, CFE tiene prioridad absoluta para subir su electricidad a la red, misma que es producida mayoritariamente por centrales de ciclo combinado o centrales hidroeléctricas, con un impacto ambiental mucho mayor. Este cambio, con el argumento de que hay que potenciar a la paraestatal CFE, supone, en la práctica, una gran dificultad para que las centrales renovables tengan gran dificultad para subir su producción a la red. Aparte de las cuestiones legales que esto puede llegar a plantear, un aspecto es crucial aquí, una vez más, las cuestiones medioambientales sucumben ante otros aspectos, como en este caso, la soberanía energética.
¿Qué ha pasado? Pues, como casi siempre, la lucha contra el cambio climático pasa a un segundo plano cuando se ponen sobre la mesa otros aspectos que, a juzgar de algunos, son más importantes. En el fondo de todo una constatación, la mayoría de las empresas que han financiado proyectos de energía renovable en México son extranjeras, mientras que CFE apenas se ha renovado en este sentido. Aunque México ha avanzado bastante en la implementación de energías renovables, como país signatario de los acuerdos de París sobre cambio climático, ésta ha correspondido, principalmente a empresas privadas extranjeras, no a la CFE. Si esta empresa hubiera participado de este proceso, a lo mejor esta reforma no sería tan preocupante ya que la subida de electricidad a la red por parte de CFE tendría, también, un elevado porcentaje de renovables. Pero no es así, el resultado es que empresas que apuestan por energías renovables, como la española Iberdrola, ya han anunciado que abandonan el país.
¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Hasta cuándo dejaremos de lado aspectos cruciales para la supervivencia de nuestro planeta en aras del proteccionismo? A pesar del gran trecho recorrido, aún falta mucho para poner en la agenda pública la lucha contra el cambio global, al menos en México y la mayor parte de los países latinoamericanos.
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